Opinión

La voluntad ciudadana

2016-01-13 - 11:09:31
La medida más confiable de la voluntad de los ciudadanos es la que resulta de elecciones transparentes y justas. Esto se aplica, por supuesto, a los referendos. Para garantizar que los comicios sean limpios, se requiere, entre otras condiciones, que la autoridad electoral sea independiente e integrada por ciudadanos probos e imparciales, que el padrón de electores sea confiable, que se garantice el acceso de los partidos, candidatos y electores al control del sufragio y del escrutinio y, finalmente, que se respeten los resultados del acto electoral.

En América Latina, esas reglas —insertas en la Carta Democrática Interamericana— con mucha frecuencia han sido ignoradas. Se siguió la cínica afirmación atribuida a Stalin: “Lo que cuenta no es al voto, sino quien cuenta los votos”. Pero, antes de ese recuento de votos, se usan, además, los recursos y medios del Estado para la propaganda sectaria en favor del oficialismo, se restringen los derechos civiles de los ciudadanos, se acosa a las organizaciones políticas y a la prensa independiente. Es más: las autoridades judiciales comprometidas con el líder suelen interpretar torcidamente las leyes en favor de los candidatos del gobierno. Este es, por ejemplo, el caso nicaragüense en que la justicia violó la Constitución al declarar legal la nueva postulación y reelección del sandinista Daniel Ortega, y de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que dio lugar a la exclusión de tres diputados opositores que ganaron en elecciones sus curules.

Ahora, estamos cerca de un nuevo referendo convocado a toda costa con el claro propósito del lograr el continuismo negador de la alternancia. Se decidirá si se acepta la reforma de la constitución que autorice una segunda reelección consecutiva del presidente y vicepresidente, claro está favoreciendo a los actuales mandatarios. Sin embargo, el referendo se presenta también como una expresión política que pudiera influir en el futuro y así rectificar el rumbo de la Nación.

La experiencia de los últimos 10 años hace dudar de la imparcialidad en la administración del referendo, pues no se ha cumplido con el deber de auditar públicamente el Padrón Electoral señalado como distorsionado por la “clonación” de cientos de miles cédulas de identidad. Tampoco se respeta la prohibición del uso de medios del Estado para la propaganda oficial en favor del ‘Sí’ en el referendo del 21 de febrero. Esta y otras ventajas se usan para desconocer la voluntad ciudadana, lo que sería la negación total de la democracia.