Nunca tuvimos en Bolivia un Estado de bienestar con pleno empleo, amparo al trabajador y al empleador, cobertura en salud, educación, vivienda, servicios básicos y sociales plenos, pensiones de jubilación aplicado en Europa y parte en Estados Unidos durante el siglo XX. Era un circulo virtuoso, o la más parecido a el, que generaba capital humano de calidad, buena educación, mejores universidades, apoyo a la investigación, que a su vez impulsaban crecimiento, productividad y competitividad económicas para solventar ese bienestar, sin presiones inflacionarias. Así respondía a las demandas sociales y controlaba sus tensiones.
Hoy ese bienestar es un inaccesible objeto del deseo de amplias clases populares y medias, en criterio de muchos no por los gastos sociales que requería, sino por que la economía mundial pasó a depender de mercados financieros especulativos, sin control alguno, y sin la más remota intención de justicia redistributiva.
Por estos lares, el Estado de bienestar no existió nunca, ni con revolución del ‘52, menos con las dictaduras militares, ni en tiempos de democracia y tampoco con el Estado Plurificciones de Evo Morales, hoy convertido en un Estado Pluri-malestar, como el que vive la sociedad boliviana, con perfiles cada más conflictivos.
El origen de desigualdades e inequidades socioecomicas parte de erradas políticas de redistribución del excendente, concentración de riqueza en pocas manos y en equivocadas medidas populistas, clientelares, prebendales y rentistas a costa de bonos y más bonos, como en la actualidad. Esa es la realidad de Bolivia hoy, con 80% de la población economicamente activa (PEA) sumida en la informalidad, subempleo, empleo precario y la ilegalidad vía el contrabando y el narcotráfico.
Si bien la informalidad es una estrategia de sobrevivencia, cuando ni el Estado ni el sector privado absorben la fuerza productiva, esas prácticas someten a la mayoría a un destino desarticulado de la sociedad productiva legal, sin beneficios sociales de tipo alguno. La obsoleta economía primario-exportadora-extractivista minera e hidrocarburífera, tampoco los abosrve.
En el caso minero crea graves conflictos entre asalariados del sector estatal y los cooperativistas, pequeños propietarios de una parte la minera nacionalizada, que se disputan el favor del poder político y tienen su beneplacito. Son una importante base social para la reproducción de poder de Morales: los cooperartivisitas son 80 mil, amén de sus familias, y los asalariados solo cinco mil. La correlación de fuerzas númericas está a su favor abrumadoramente.
Las políticas populistas del gobierno exacerban los conflictos, ya que conducen al fetichismo de representaciones simbólicas o reales en combativos movimientos sociales. Estas organizaciones hacen uso de su fuerza y su poder fáctico contundentes por encima de toda norma y convivencia democáticas. Son la manifestacion de la antipolítica y empiezan a desnudar la impotencia del Estado plurimalestar, sin mecanismos para controlar la expresión desenfrenada de intereses corporativistas de cocaleros, transportistas, mineros, gremiales y contrabandistas ilegales.
De ser rehenes del poder político, hoy se le enfrentan y muchas veces logran imponersele. Casi sin excepción, todos ostentan tendencias conservadoras, nada democráticas, no pagan impuestos o están sujetos a regímenes “simplicados” que favorecen la corrupción y la elusión. Recurren a prácticas violentas que suman a la sociedad en un estado de malestar permanente, con muertos, heridos, contusos y pérdidas de bienes. Muchas veces tienen a su favor venales funcionarios de aduana y administradores de justicia.
Delitos, conflictos y malestares.
Al cabo de siete años, el oficialismo se da cuenta que hay regiones a merced del delito, y también de su impotencia para enfrentar la ilegalidad. Hoy apunta a “cortar las redes de la organización del crimen en Bolivia, vinculada al contrabando, al narcotráfico, a la falsificación de dinero” señala el ministro de la presidencia. El ‘Vice’, por su parte, recuerda que se ha desplegado fuerza militar “eventual, temporal, flexible, altamente especializada” en las zonas de conflicto.
Y ahora Morales pretende promulgar una ley de “Extinción de Dominio Propietario”, aplicable a aquellas personas que no justifiquen la legilidad de sus bienes: casas, autobuses, camiones de carga, todo tipo de motorizado liviano, mercancias, así como dinero en cantidad superior a $us 10 mil, sin adquisición legal, serán expropiados a favor del Estado.
La reacción de transportistas, mineros, gremialistas, cocaleros ilegales, es decir de coca excedentaria y sus concomitantes actividades ligadas a la producción de cocaína y narcotráftico, ha sido descomunal. Lo mismo que en el sector de “chuteros”, nombre con el que se denomina a los contrabadistas de autos, robados aquí o en los paíes vecinos o simplemente “sin papeles”. Ese submundo automotriz abarca a contrabandistas, choferes, mecánicos, falsificadores de placas, documentos, amén todo lo necesario para enmascarar el delito. Cuentan, además, con el amparo de gran parte de las poblaciones que se beneficia de la ilegalidad.
La ley de marras ha provocado marchas, paros, bloqueos, diamitazos, violencia y muerte en los santuarios del contrabado en las fronteras y de la produccion de cocaína. Esas zonas, se han convertido en tierra prohibida al despliegue del control estatal, policial y militar, impotentes frente al crimen organizado.
Y sin embargo, frente al plurimalestar social del Estado inoperante, el gobierno acosa con juicios a periodistas, a medios que cumplen con el derecho a informar, se desmarcan del pensamiento único oficialista, de su propaganda política y le ponen cara a la mordaza que petenden imponer a la libertad de expresión. Y continua con el juicio por el falso complot terrorista-separatistas contra gente del Oriente, sin más pruebas que las inventadas por Garcia Linera y compañía.
Esa política ha llevado la intolerancia a límites inaceptables. Fue lo que le sucedió a una radio de la localidad frontetiza de Yacuiba, que daba espacio a denuncias de coimas e ilegalidades en la administración pública local, o protestas contra contrabandistas. Su dueño, Fernando Vidal y su secretaria, Karen Anze, se debaten con quemaduras de segundo y tercer grado, en hospitales cruceños. Los mercenarios -ya se sabe que fueron contratados para cometer el crimen- rociaron con gasolina el local y el propio cuerpo de Vidal, para luego disparar dos tiros y echar dentro del recinto trapos incendiaros. Todo quedó destruido.
Hoy el malestar apunta tambien a la sociedad agrícola productiva cruceña, responsable de 70% de la seguridad alimentaria del país, y que desde hace siete años está sometida a las arbitrariedades gubernamentales, que prohibe exportaciones, hace perder mercados y genera desconfianza en productores y compradores. La recién promulgada “Ley de la Madre Tierra” además prohibe el uso de transgénicos, utilizados por pequeños, medianos y grandes productores que cumplen con el oficio de dar de comer a Bolivia.
Dicha ley, que también estimula el avasallamiento desde el occidente andino a tierras productivas en el Oriente, les dio “en la madre” a la tierra y a los agricultores, apuntó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
Nada bueno augura la política populista, demogaga y errática del Estado Pluri, convertido en Estado plurimalestar, que genera espirales de conflictos y puede llevar al país a mayores grados de malestar, intolerancia y violencia.
