21/04/2019 - 08:31:47
El Día.- El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en solo 4,7%, una tasa de inflación promedio del 1,51% y un déficit fiscal que ronda el -7,8%, son tres factores que en suma desestiman cualquier posibilidad de un incremento salarial para este año. Para el economista Germán Molina, esas variables macroeconómicas son fundamentos básicos que un gobierno responsable con el país y su población, debe encarar y no aventurarse en subir salarios, por motivaciones electorales y caprichos de sectores sociales.

Sin embargo, como todos los años, la Central Obrera Boliviana (COB), como máxima representación de los trabajadores del país, en su pliego petitorio presentado al gobierno de Evo Morales, ha pedido un incremento del 10% al salario mínimo y 12% al salario básico.

"Es un pedido que difiere de lo que realmente puede conseguir porque saben que vivimos una desaceleración económica, ralentización del crecimiento económico, o enfriamiento económico de Bolivia y una baja inflación muy diferente respecto a su percepción sobre la inflación", precisa en su análisis Molina.

En tanto para el economista Carlos Schlink, subir salarios como lo pide la COB, es hacer un papel irresponsable con la economía del país. "Hay que hacer necesariamente una media de la inflación y el crecimiento económico. No se puede admitir incrementos alegremente o por cuestiones electorales. Amerita ser responsables", precisa.

Evo y los aumentos salariales. Entre el 2006 y 2018 el gobierno de Evo Morales ha mejorado los salarios de manera notoria. Los indicadores, en ese contexto, dan cuenta que el salario mínimo creció de constituir el 2006 solo en Bs 500 hasta alcanzar el 2018 a Bs 2060, cuyo crecimiento en 12 años fue de 312%.

El año que más se incrementó fue el 2012, en pleno auge de la bonanza económica con 22,6%. Asimismo, el 2013 y 2014 el aumento mantuvo el nivel del 20%, el contraste fue el 2018, solo se incrementó en Bs 60 al establecido el 2017 en Bs 2.000, con solo 3%.

En cambio, entre el 2006 y 2018 el incremento al salario básico o a la "masa salarial", tuvo un acumulado en el orden de 106%. En ese periodo de 12 años, el 2008 y el 2012, se registró el incremento más alto, con un 12%.

En general, el promedio del incremento estuvo por encima del 5,0%, incluso el 2018 cuando la economía el 2017 había caído en una notoria desaceleración, el gobierno forzó el incremento con un 5,5%, pese a los reclamos del sector empresarial del país y las pequeñas y medianas empresas.

Pero el aspecto más relevante, como efecto de los incrementos constantes durante los últimos 13 años del gobierno de Morales, es el crecimiento del salario en el sector público.

Entre el 2006, según presupuesto ejecutado en esa gestión se destinó Bs 7.379 millones para el pago de sueldos y salarios en todo el sistema público. A partir de entonces, el crecimiento, cada año fue vertiginoso, al situarse el 2018 en Bs 38.444 millones. El gasto público en ese contexto creció en al menos en 426%, casi seis veces más.

En tanto, Jimena León y José Alberti, ambos economistas, señalan que el incremento salarial llevado adelante en los últimos años, solo ha incidido en el fondo a la precarización laboral, la falta de inversión privada y la apertura de nuevos empleos.

"El salario es un precio, uno de los más importantes de la economía. Y si esos precios son determinados por cuestiones electorales o exigencias intransigentes, sin apego a las normas económicas, bajo los principios de la oferta de la demanda y bajo las leyes de la negociación, entonces estamos forzando a la inestabilidad laboral y la expansión del sector informal tan característico en nuestro país", señala Alberti.

A su vez, León, ve como muy razonable el pedido de la COB a nombre de los trabajadores como una aspiración natural, pero en los hechos solo han puesto en duda el mercado laboral. "Un aumento salarial aumenta el cierre de empresas formales, evita que la clase trabajadora menos favorecida mejore su situación, aumenta la informalidad, resta competitividad a la producción boliviana", enfatiza.

Salario del sector público y déficit fiscal. Lo más llamativo, tal como reflejan los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el periodo de mayor caída de los precios de las materias primas y por consiguiente, de la constante desaceleración económica a partir del 2014, es cuando más se destina recursos para el pago de sueldos y salarios en el sistema público. Dicho de otra manera, dicen los economistas, no se hicieron ajustes por atenuar el presupuesto para el pago de sueldos y salarios del sector público.

El 2014, el pago en el sistema público alcanzó a Bs 27.922 millones, en tanto al 2018 esa cifra creció en más de Bs 10.000 millones, con un incremento del 39%.

Según el economista Schlink, eso incide directamente en el comportamiento fiscal, que en los hechos ha hecho que el déficit fiscal se sitúe en los últimos años en -7,8%. "Pasa que el aparato estatal se ha triplicado de ser 180 mil empleados se ha agrandado a 600 mil, eso no puede darse. En eso el gobierno debe tomar decisiones y hacer ajustes que inciden en el déficit fiscal. Pero de ninguna manera tiene que ver con la medición para el incremento salarial", enfatizó.

En la misma línea, Molina en su análisis, revela que adicionalmente el Sector Público No Financiero (SPNF) en el período 2013-2017 acumuló un déficit fiscal de 22,6 por ciento del PIB. Eso significa que supera todo lo ahorrado anteriormente y como resultado eso deriva a que no se tiene espacio fiscal para políticas públicas con fundamentos y principios económicos. "Eso no permitiría aceptar la solicitud de la COB de un incremento salarial superior al 7 por ciento porque elevaría aún más el déficit fiscal", argumenta.

Un hecho más complejo que antes. La situación es aún más compleja, tomando en cuenta que el país en los últimos 13 años de gestión del gobierno de Evo Morales, en un periodo de gran bonanza económica hasta el 2014, ha mantenido su matriz productiva basado solo en el extractivismo basado en el gas, la minería y los productos no tradicionales, pero sin poder lograr la diversificación de su economía.

Según los expertos, todo eso se ha agravado con el panorama país. La escasa inversión privada, una alta precarización del empleo con calidad y una cada vez más baja productividad laboral, explica esa realidad. El 2015, un año después de la caída de los precios de las commodities (materias primas) y el fin de la bonanza económica, según estudios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Bolivia ocupaba 9,4% lugar entre 14 países de la región respecto a productividad laboral.

De esa fecha hasta hoy la brecha sigue con índices negativos. La alta informalidad de la economía, el escaso nivel de formación de sus recursos humanos y una débil innovación tecnológica, inciden de manera directa en esa situación. Pero en el fondo desnuda la falta de políticas que impliquen una verdadera transformación y diversificación de la economía.