12/12/2018 - 06:55:18
El Deber.- El sector de la construcción, que de manera directa genera unos 500.000 puestos de trabajo y aporta con un 4% al Producto Interno Bruto (PIB), mostró su malestar por las deudas que el Estado (Gobierno, gobernaciones y municipios) mantiene con el sector y que en algunos casos data de hace cuatro años.

Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), sostuvo que es un acto irresponsable y demagógico la posibilidad que se da, según el Presupuesto General del Estado (PGE), a las gobernaciones y municipios de usar los recursos destinados para la inversión para el pago del segundo aguinaldo cuando ese dinero, a su criterio, está destinado al abono de las obras.

El ejecutivo sostuvo que coinciden con lo manifestado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia porque les exigen pagar doble aguinaldo y el Estado les debe. “Hay casos extremos como los de Tarija y Chuquisaca donde hay deudas de hace cuatro y tres años, respectivamente, y que por temas políticos esos municipios deudores siguen convocando a licitaciones públicas cuando aún mantienen deudas con las empresas de la construcción.

Sobre este tema, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, señaló que se incluyeron restricciones en la ley del presupuesto y también en los lineamientos que emite el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo para que las entidades no puedan inscribir nuevos proyectos si es que no terminaron de pagar los proyectos que en este momento están en ejecución.

“¿Qué quiere decir? Por ejemplo; si ahora una entidad tiene una deuda con 10 empresas que están con obras en un nivel de ejecución física del 80%, al año no podrá utilizar el presupuesto para iniciar otras cinco obras”, afirmó. Eso ya se estableció normativamente, Según Prado, y no se podrá inscribir en el Sistema de Información sobre Inversiones
Ese es el acuerdo que se inició desde el año pasado y que se va a sostener de manera estricta para esta gestión.

Gobernación en apuros

En tanto que José Luis Parada, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, confirmó que en 2016, producto del recorte de recursos por la caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (debido a un bajón del precio internacional del barril de petróleo), hubo graves problemas para cumplir con el pago a las constructoras de distintas obras realizadas.

“De recibir Bs 51 millones por mes en concepto de regalías, llegamos a percibir entre Bs 8 y 10 millones, algo que nos generó un hueco financiero que entre 2017 y 2018 buscamos superar frenando convocatorias para pagar”, dijo.