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Defensores del Pueblo iberoamericanos, reunidos en la XVII Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se realizó en Costa Rica, exhortaron al gobierno de Estados Unidos dé curso a la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), para que responda al juicio por genocidio que se le sigue en Bolivia, informó el domingo el defensor del Pueblo boliviano, Rolando Villena.
Según una nota institucional, "luego de una serie de intervenciones los defensores de países latinoamericanos como Nicaragua, México, Ecuador, incluso, Puerto Rico, expresaron la necesidad de apoyar de manera clara y firme una declaración que condene la dilación del proceso por la negativa de Estados Unidos a dar curso a la extradición con argumentos poco claros".
En la Asamblea se congregaron a defensores nacionales de Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, España, Uruguay, Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador.
En el encuentro, Villena habría relatado lo ocurrido en octubre de 2003, cuando la población se movilizó en la ciudad de El Alto en protesta por las medidas asumidas por el Gobierno de entonces en torno a la propiedad de los recursos naturales.
Una insurrección popular, cuya represión dejó 67 muertos por bala y 500 heridos, siguió a la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas por y para Chile.
La Federación Iberoamericana de Ombudsman notificará en los siguientes días esta resolución aprobada en su sesión ordinaria de la XVII Asamblea de los Defensores del Pueblo iberoamericanos.
El Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición del ex presidente boliviano, que tras dimitir el 17 de octubre de 2003 se refugió en ese país, tras una revuelta popular que se saldó con 67 muertos.
La justicia boliviana enjuicia a Sánchez de Lozada por ordenar a la fuerza pública reprimir masas insurrectas en las ciudades de La Paz y El Alto.
Washington, que acogió a Sánchez de Lozada y también a sus ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y, entre otros a Guido Añez, no patentó de manera oficial el rechazo al pedido boliviano enmarcado en un tratado bilateral de extradición firmado a principios del siglo XX, al calor de la aprehensión de los bandidos Sundance Kid y Butch Cassidy en Potosí.
