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Jindal demanda a Bolivia explicar su mensaje de inseguridad a las inversiones


11/05/2012 - 13:51:30

Santa Cruz.- La Jindal Steel Bolivia demandó este viernes en un comunicado que el Ministerio Público explique el mensaje de inseguridad a las inversiones que está enviando al mundo.

La Jindal, en dicho comunicado enviado a Hoybolivia.com, hace una relación detallada de sus acuerdos y compromisos con Bolivia.

Dice que el 17 de julio de 2007 Jindal Steel Bolivia S.A. (JSB) suscribió con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), un Contrato de Riesgo Compartido para la Exploración, Explotación, Industrialización y Comercialización de los Yacimientos de Hierro del Mutún.

En este contrato JSB se comprometió a invertir $us. 2.100 Millones de Dólares, la construcción de un complejo Siderúrgico y la administración de tecnología. Por su parte, la ESM se comprometió a entregar el área del contrato libre de todo gravamen y disponible para el proyecto, garantizando además el suministro de gas y la infraestructura logística de caminos, ferrocarril y puertos.

En abril y mayo de 2010, la ESM sin haber entregado el área del contrato, ejecutó la primera Boleta de Garantía por un monto de $us. 18.000.000; el 6 de agosto de 2010 mediante la Ley N° 32 recién el Gobierno Nacional modificó el área original del Contrato demostrando de esta manera la ilicitud de la ejecución de la Boleta de Garantía.
Pese a esta primera ejecución, JSB continuo trabajando por la materialización del Complejo Siderúrgico y para este fin, otorgó una segunda Boleta de Garantía por el mismo concepto y monto.
El día 8 de marzo de 2012 ante el incumplimiento de la ESM y YPFB de garantizar el suministro de gas necesario para el Complejo Siderúrgico del Mutún, JSB comunicó a la ESM que declaraba la suspensión de sus obligaciones contractuales, hasta que se cumpla con la entrega de la totalidad del área del contrato, y se suscriba el contrato de suministro de gas natural, debido a que desde agosto de 2010 todos los esfuerzos de JSB para iniciar negociaciones con YPFB fueron rechazadas por la Estatal Petrolera.

Ante este anunció de suspensión, la ESM no realizó ninguna gestión para resolver sus incumplimientos, y al contrario, desconociendo las negociaciones encaminadas ante los Ministerios del ramo, el día 2 de mayo de 2012, solicitó al Banco de Crédito de Bolivia S.A. la ejecución de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Inversión N° D701-18962 entregada por JSB.

Luego de la solicitud de ejecución de la Boleta, representantes del Ministerio de Minería mediante declaraciones públicas ratificaron su voluntad de reiniciar las negociaciones para la continuidad del Proyecto Siderúrgico del Mutún, pero sorpresivamente varios ejecutivos de JSB fueron notificados por el Fiscal Aldo R. Ortiz Troche de la ciudad de La Paz, para prestarse en esa ciudad y declarar en calidad de investigados, dentro del caso LPZ1803840 por la supuesta comisión del Delito de Incumplimiento de Contratos, tipificado y sancionado por el Art. 222 del Código Penal.

El citado Fiscal “de oficio” inició investigaciones sobre un supuesto incumplimiento contractual, sin tener ningún elemento material que demuestre la comisión del citado delito, desconociendo que JSB el 8 de marzo había intimado notarialmente a la ESM el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo que es peor, el Fiscal se anima públicamente a emitir criterio en contra de nuestros ejecutivos en un prejuzgamiento que carece de imparcialidad.

Llama la atención que por una parte, el supremo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia invite y convoque a empresas extranjeras para invertir en Bolivia, y por otra parte el Ministerio Público persiga penalmente a estos inversionistas que aportan capitales, pagan impuestos y propician la creación de empleos para el pueblo Boliviano.

Nuestros ejecutivos, dejaron su patria de origen y sus familias para venir a Bolivia buscando hacer realidad un proyecto anhelado por todo el pueblo Boliviano, recibiendo a cambio, la incomprensión de algunas autoridades, que sin cumplir con sus obligaciones dentro del Contrato de Riesgo Compartido, se atreven a sancionar y lesionar nuestro patrimonio. Agravándose ahora con la pretensión de perseguir y encarcelar a nuestros principales ejecutivos.

El Ministerio Público deberá explicar al pueblo de Bolivia, los motivos por los cuales ha decidido enviar a la comunidad internacional un mensaje de inseguridad jurídica, ahuyentando a los inversores extranjeros que permanecen en el país y a aquellos que en el futuro podrían llegar.

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