Conisur proponen 90 días para efectuar consulta sobre carretera

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La Paz.- Los corregidores de una fracción de los pueblos del Conisur presentaron el sábado a la Asamblea Legislativa Plurinacional un propuesta de ley que fija 90 días para efectuar una consulta sobre la intangibilidad de esa reserva natural y la construcción de una carretera que divida el Tipnis.

    Frente a las presidentas de las cámaras de Senadores, Gabriela Montaño, y Diputados, Rebeca Delgado, el dirigente Armando Noldani reafirmó la urgente necesidad de construir una carretera en esa región para desarrollar y mejorar la calidad de miles de indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza.

      "Hartas necesidades tenemos, por eso es que estamos acá presentes para proponer una ley de consulta. Ayúdenos señores senadores y diputados", dijo.

    El sábado, la Asamblea Legislativa liderada por Montaño y Delgado retomó junto a los dirigentes indígenas el análisis de la consulta para superar el conflicto surgido por la disputa sobre la necesidad de una carretera que atraviese la reserva.

    La propuesta de proyecto de ley, entregado por los nativos, tiene por objeto convocar al proceso de consulta previa, libre e informada sobre la protección del TIPNIS, tal cual establece en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

    La finalidad de la consulta es lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracares que habitan el TIPNIS.

    Asimismo determinar si todo el TIPNIS es zona intangible o no, establecer las medidas de salvaguardia para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición de asentamientos ilegales.

    También se busca definir, a través de la consulta,  la mejor alternativa para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, preservando los derechos de la Madre Tierra.

    Esa propuesta de proyecto de ley establece que el Estado boliviano invitará a organizaciones internacionales, en calidad de veedores, para acompañar ese proceso que se realizaría en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de la ley.