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El Tribunal Supremo venezolano prohibió la salida de toda la directiva de PDVSA designada por Guaidó




15/02/2019 - 11:10:58
Infobae- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibi� este jueves salir del pa�s a la junta para el control de la estatal Petr�leos de Venezuela (PDVSA) y sus empresas filiales designada el mi�rcoles por el jefe del Parlamento, Juan Guaid�, quien se proclam� en enero como presidente encargado del pa�s.

La Sala Constitucional del TSJ, a trav�s de un comunicado le�do en la televisi�n estatal VTV, declar� la prohibici�n de salida, de gravar bienes e inmuebles y el bloqueo de cuentas de los directivos de PDVSA, de PDV Holding Inc y de Citgo Holding Inc, nombrados el mi�rcoles por Guaid� tras la autorizaci�n del Parlamento, de mayor�a opositora.

Asimismo, decret� "nulo de absoluta nulidad" el acuerdo del Legislativo -que se encuentra declarado en desacato por el Supremo al incumplir varias sentencias-, y exhort� a la Sala de Casaci�n Penal a iniciar los tr�mites para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos a raz�n de que pueden estar fuera del pa�s.

Las medidas decretadas este jueves por el Supremo se dan contra Sim�n Ant�nez, Gustavo J. Vel�squez, David Smolansky, Carlos Jos� Balza y Ricardo Alfredo Prada.

Todos ellos son los miembros de la junta directiva de Pdvsa, que fueron nombrados por Guaid�.

Tambi�n afectan a Luisa Palacios, quien fue nombrada como l�der de la directiva de PDV Holding Inc., compa��a que ejerce como propietaria de Citgo, y a �dgar Rinc�n, Oswaldo N��ez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andr�s Padilla.

Asimismo, �ngel Olmeta, Oswaldo N��ez, Javier Troconis y Rick Esser, nombrados para Citgo Holding Inc., enfrentan las mismas medidas cautelares.

"Quienes aparecen all� mencionados incurren en delitos de usurpaci�n de funciones y otros delitos de acci�n p�blica consagrados en el ordenamiento jur�dico relativos a la corrupci�n, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros", reza el comunicado.

La m�xima corte indic� adem�s que el acuerdo del Parlamento constituye una "flagrante violaci�n al texto constitucional y al sistema socioecon�mico de la rep�blica" y que "constituye otro asalto al estado de derecho".

Por �ltimo, inst� al poder Ejecutivo nacional y a PDVSA a "tomar las medidas necesarias para la protecci�n de la actividad petrolera y su comercio".

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