Daniel Ortega oficializa estado policial por medio de la UAF
09/10/2018 - 12:00:10
La Prensa.com.ni.- El constitucionalista Jos� Pallais y el exprocurador Alberto Novoa coincidieron en que el r�gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado el espionaje financiero al autorizar, v�a reglamento, que la Ley de la Unidad de An�lisis Financiero (UAF) acceda de forma directa a todos los datos personales, movimientos salariales de trabajadores y empleadores, e informaci�n de las empresas en ocho instituciones estatales.
�Est�n legislando v�a reglamento (de la Ley de la UAF) aprovechando el vac�o que el mismo Gobierno dej� en la Ley de la Unidad de An�lisis Financiero porque no se especific� el m�todo que usar�a para pedir la informaci�n, ni se le puso l�mites, por el contrario ese �rgano ahora actuar� discrecionalmente y sin ning�n control�, explic� Pallais.
Ortega aprob� a trav�s del decreto 14-2018 el reglamento a la Ley de la Unidad de An�lisis Financiero (UAF, Ley 976), y con el decreto 15-2018 el de la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferaci�n de Armas de Destrucci�n Masiva (Ley 977).
Ambos decretos se publicaron en La Gaceta, Diario Oficial del 3 de octubre.
El INSS, Aduanas, Ingresos, Migraci�n y Extranjer�a, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral, la Polic�a Orteguista y el Poder Judicial quedaron sujetas a que la UAF controle la informaci�n que manejan de los ciudadanos, sin que para ello tenga una autorizaci�n previa de un juez. La UAF no qued� obligada por ley ni en su reglamento de informar a las personas o empresas previamente que sus datos en las entidades mencionadas ser�n revisados cuando al �rgano quiera, por ser sospechosa o investigada por el delito de lavado o financiamiento al terrorismo.
�El espionaje financiero qued� institucionalizado porque los derechos constitucionales, los derechos humanos se tiraron al cesto de la basura. La UAF pas� de ser un �rgano preventivo del delito a ser uno de persecuci�n y represivo para ser usado por Ortega para intimidar y actuar pol�ticamente contra todo el que se le oponga�, afirm� Pallais.
El jurista y pol�tico opositor valora que el r�gimen usando la excusa de cumplir los requerimientos internacionales del Grupo de Acci�n Financiera de Latinoam�rica (Gafilat) sobre la necesidad de mayores prevenciones sobre el narcotr�fico, se �extralimit� y aniquil� los derechos fundamentales de confidencialidad de informaci�n de los nicarag�enses, que solo pueden levantarse cuando exista fundamentos reales de que hay un delito�, opin� el jurista.
Desde abril en Nicaragua existe una crisis sociopol�tica debido a la represi�n gubernamental contra las protestas ciudadanas que exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; as� como el adelanto de las elecciones.
Ambas leyes las aprobaron los diputados orteguistas, por solicitud del dictador en junio pasado, siendo denunciadas por diversos sectores de la sociedad civil como armas del r�gimen para criminalizar las protestas ciudadanas.
El r�gimen criminaliz� las protestas con la nueva Ley contra el Terrorismo, que ha usado para apresar ilegalmente a unos seiscientos presos pol�ticos y procesar a 204, seg�n organismos de derechos humanos.
El exprocurador Novoa considera que los reglamentos de la Ley de la UAF y de la Ley del Terrorismo convierten a Nicaragua en un pa�s donde el Estado considera �a todos los ciudadanos sospechosos de lavado de dinero y v�nculos con el narcotr�fico�, convirtiendo a la UAF en �su arma pol�tica para actuar como quiera y cuando quiera�, porque no necesitar� una autorizaci�n judicial para acceder a datos confidenciales en ocho instituciones.
Novoa critica que tanto la Ley de la UAF como su reglamento violentan el art�culo 25 de la Constituci�n sobre el derecho a la seguridad de los datos de los nicarag�enses, quienes tienen derecho a saber para qu� est�n investigando sus datos relacionados con sus salarios.
�Todo esto est� enmarcado dentro de una pol�tica p�blica de un Estado polic�aco para ejercer el control de la persona en la esfera privada y p�blica, para tener un control feroz de quienes pueden representar un peligro para este gobierno. Estas acciones son propias de reg�menes fascistas de querer controlar todos los �mbitos de la ciudadan�a�, asegur� el exprocurador.
Varias organizaciones presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Terrorismo, los que hasta ahora no ha resuelto el poder judicial.
