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Argentina: Julio De Vido hizo pagar U$S 70 millones por un gasoducto que nunca se hizo




15/07/2018 - 15:06:19
Clar�n.- Una de las coartadas favoritas del ex ministro de Planificaci�n Julio De Vido en las causa por corrupci�n es decir que la responsabilidad fue de sus subordinados y que �l no firm� los contratos cuestionados. Por primera vez, se encontr� la firma de De Vido en un pol�mico contrato para la construcci�n de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de d�lares.

El contrato se negoci� sin licitaci�n p�blica, sin auditor�as y �con sobreprecios� en las �ltimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Adem�s, se le entreg� a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de d�lares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 d�as antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energ�a de Cambiemos, Juan Jos� Aranguren orden� frenar los pagos.

Por estos y otros �agujeros negros�, la titular de la Oficina Anticorrupci�n, Laura Alonso, denunciar� el lunes ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energ�a Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Naci�n Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fern�ndez, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, Mar�a Su�rez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

Los acusados ser�n denunciados por negociaciones incompatibles con la funci�n p�blica, fraude al Estado y quiz�s lavado de dinero.

La empresa BTU ya hab�a sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecher. Su titular Carlos Mund�n hab�a contestado por entonces que �nosotros no pagamos coimas y no presentamos sobreprecios. Y ac� nos ven: no somos una empresa fantasma. Tenemos 120 empleados, 25 de ellos ingenieros".

En la denuncia de la OA, adelantaron a Clar�n fuentes del gobierno, se afirma que �se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal�.

Las obras en cuesti�n ten�an como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de peque�as localidades del norte de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle as� al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hac�a del precio a granel del gas propano. El proyecto original consist�a en un paquete de obras que deb�an contar con un mismo financiamiento y se dividi� en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se aclar� desde un inicio que, debido a las extensiones del territorio y la densidad de poblaci�n, algunas partes eran m�s rentables que otras que no lo eran, como la etapa 3 sobre la que versa la denuncia.

En cuanto al supuesto fraude, la OA sostendr� que �desde su inicio, las partes dispusieron cambios en el proyecto original que implicaron una alteraci�n de su objeto, un aumento injustificado de precios y alteraciones en las condiciones de emisi�n de los instrumentos de financiamiento que tuvieron como objetivo defraudar al Estado Nacional y beneficiar a quienes formaron parte de la obra�. Las fuentes comentaron que, tras las renegociaciones, el nuevo valor base del contrato en la etapa III, medido en d�lares, "fue 771 % mayor que el monto consignado en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Locaci�n de Obra de 2005".

�La raz�n del escandaloso aumento fue el resultado de las sucesivas actualizaciones, sobreprecios y cambios en el proyecto original que fueron producidos por Distrigas y autorizados por ENARGAS de manera fraudulenta�, comentaron las fuentes.

La irrazonabilidad en el incremento del precio final de la obra que se fij� en 2015 tambi�n se ve al realizar una comparaci�n del precio en d�lares por pulgada-metro presupuestada por ENARGAS en otros proyectos lo que demostraba importantes sobreprecios en la Etapa III.

Comparado Santa Cruz Etapa III con cuatro proyectos anteriores en la provincia, el monto fue �6000 % superior al proyecto Daireaux (60 veces m�s), 2500 % superior al de Gasoducto Patag�nico, 1000 % superior al de Etapa I y 600 % superior al de Etapa II�.

En Comodoro Py se dice que fue el contrato �m�s r�pido de la historia argentina� porque el gobernador Peralta env�a una nota De Vido el 15 de agosto de 2015 pidiendo los fondos para Etapa III por 3.280 millones de pesos. Al d�a siguiente firman Peralta y De Vido el Convenio espec�fico �no reintegrable� por esos 3.280 millones.

El 2 de octubre Peralta pide a De Vido el primer desembolso por 984 millones que se paga el 2 de diciembre de 2015 sin ning�n tipo de avance de obra, s�lo a modo de anticipo. Esos 984 millones ingresaron al fideicomiso y �ste le pag� a BTU 974 millones.

Luego Peralta pide el segundo desembolso el 20 de noviembre de 2015 presentando como respaldatorio el �primera certificado de avance de obra� que conten�a solo la �ingenier�a de proyecto y acopio de materiales� que eran de 2008 y certificaba un escribano chileno.

Para la OA hubo sobreprecios en, por ejemplo, la proyectada movilizaci�n para llevar los equipos al norte de Santa Cruz. Este �tem fue presupuestado �globalmente� en la suma de U$S 8.701.791 �sin haberse aportado copia del presupuesto desagregado y desconoci�ndose como se hizo la estimaci�n de un valor derivado de un proceso de evaluaci�n propio�. Otro fue en el rubro �equipos y herramientas menores y carpas para soldar� al que se le asign� U$S 948.008 a raz�n �de 17.775 U$S/carpa-mes� sin proporcionase detalles del c�lculo. "Mucho m�s caro que una carpa en la Bristol en plena temporada", dijo con iron�a una fuente judicial.

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