El suscripto fue calumniado por el periódico argentino “Página 12” del 21 de abril, 12 y 25 de mayo del corriente año y vinculado a un supuesto hecho potencial terrorista en Bolivia para supuestamente a partir de la “criminilización” de UnoAmérica, desviar la atención de los responsables verdaderos de la “Masacre de Pando” y de los encubridores oficiales que “investigaron”(Comisión Matarollo de UNASUR).
Luis Mattarollo perteneció a la organización terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en lo ´70, y en los últimos años tuvo vinculaciones con organizaciones terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), como lo afirma en su obra “X2 – Lo que UNASUR no dijo” el escritor y periodista uruguayo Emilio Martínez: “Felipe Salazar (ex guerrillero de las FARC, desmovilizado) recuerda el nombre de Matarollo por un intercambio de correos electrónicos entre éste y el alto mando de las FARC realizado años atrás”.
Según dijo, “Matarollo facilitó el acceso de un economista ligado a las FARC a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)”… "El ex guerrillero recuerda haber leído varios de estos e-mails, incluyendo uno en el que el alto mando de las FARC agradecía a Matarollo por sus gestiones”.(pág. 108)
Matarollo es el máximo responsable de la investigación y del informe producido por UNASUR sobre la denominada “Masacre de Pando” (Bolivia), documento que fuera descalificado por UnoAmérica, organización a la que pertenezco, y la cual, a partir de propias investigaciones pudo determinar las graves falacias, mendacidades, tendenciosidad e inconsistencias del informe referido monitoreado por el funcionario argentino. Nuestras propias investigaciones nos llevaron, consecuentemente, a denunciar al gobierno del presidente Evo Morales por “Crimen de Lesa Humanidad” ante los organismos internacionales.
Más allá de la barbaridad de esta “acusación mediática” sobre mi persona, la periodista Nora Veiras de "Página 12", en su afán de perjudicarme, persiste en difamaciones gratuitas, pretendiendo mostrarse como una investigadora seria. Sostiene, por ejemplo, que yo estuve prestando servicios militares en Bolivia durante la dictadura militar, cuando en realidad estuve destinado en el Ejército de ese país durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín (fines de 1987,1988 y principios de 1989) como parte de un intercambio académico.
También se mencionó que fui Agregado Militar en ese país, cosa tampoco cierta dada mi jerarquía de Mayor (último grado militar que tuve), y para ese cargo diplomático se requiere, al menos en mi país, ser Coronel. Además que participé en sublevaciones “carapintadas” para “exigir la impunidad de los represores a órdenes de Aldo Rico”. También falso. En principio, durante las sublevaciones referidas yo estaba en La Paz (Bolivia) y mal podía haber estado al mismo tiempo en Monte Caseros o Villa Martelli, lugares de las rebeliones del Tcnl Rico y Cnl Seineldin).
Sólo tuve responsabilidad asumida en la sublevación militar del 3 de diciembre de 1990 (por la que fui condenado y cumplido el total de los años impuestos como pena), rebelión que no fue para “impedir los juicios por delitos de lesa humanidad”, ya que por las leyes de punto final y obediencia debida del gobierno de Alfonsín, esa situación no existía, por lo que no había nada que impedir. Me sublevé para evitar la destrucción de mi Ejército…y fue a órdenes del Sr. Coronel Mohamed A. Seineldin. En 1990 los únicos detenidos eran los comandantes de las Juntas Militares y algunos generales con altas responsabilidades durante el Proceso Militar, todos juzgados y condenados, que luego fueron indultados por el presidente Menem. De la misma manera es falso acusarme de ideología golpista y para demostrarlo basta con los considerandos del Fiscal de las FFAA, General de Justicia Dr. Carlos Horacio Domínguez cuando para los jefes rebeldes (entre los cuales me encontraba) solicitara al Consejo Supremo de las FFAA la pena de muerte el 18 de diciembre de 1990: “…que si la dirigencia política nacional no comprende esta ofrenda de sangre requerida por la ley militar, si prosigue en su irracional hostilidad y rencor hacia sus Fuerzas Armadas, si continua sembrando la discordia interna en el ámbito castrense y si los propios mandos militares no modifican las graves intolerancias que signaron muchos de sus pasos, puedo asegurar al Tribunal que el inmenso dolor de estas muertes habrá sido inútil y el Ejército estará perdido para siempre”.
Puede agregarse lo que sostuvo la Excelentísima Cámara Federal en lo Penal que nos juzgara, al encarar la calificación legal del hecho (Parte V), y es así que, a fojas 2842 vta, podemos leer: “…no ha quedado acreditado así, que se pretendiese un golpe de estado, mediante el derrocamiento de alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, ni mucho menos que se obrara con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, extremos que no encuentran sustento alguno en las constancias Fácticas de este juicio…”, y más adelante la Cámara Federal afirma a fojas 2871: “…Debe tenerse en claro que las conductas juzgadas han respondido en la inmensa mayoría de los casos a motivaciones de carácter idealista…”. Continuando a fojas 2873: “… Resta todavía destacar que en la conducta de los oficiales cuyas penalidades pueden ser mensuradas (…) no advierto motivaciones de ventaja personal. La mayoría exhibe foja de servicio destacada, con calificaciones de primera línea; varios han servido con mérito superlativo en combate y algunos tenían, al 3 de diciembre de 1990 la posibilidad relevante de ser ascendidos”. Finalmente, la Cámara Federal consideró la prevista en el Código de Justicia Militar en el Art. 515. Inc. 6, que literalmente expresa: “Haber obrado por sentimientos de elevado valor moral o social” (foja 2863-2868).
Respecto a la Arquitecta Liliana Raffo de Fernández Cutiellos también se falta a la verdad cuando se afirma que ingresó conmigo (yo estaba en Santa Cruz de la Sierra) a la cárcel de La Paz para entrevistar al ex Prefecto Leopoldo Fernández, portando ambos credenciales de periodista. Ninguno de nosotros ejerce tal profesión. La señora Raffo solamente exhibió como documento el pasaporte argentino, como seguramente quedó registrado en el instituto penal.
Respecto al Coronel Baraldini, efectivamente lo conozco muy bien de toda la vida. Participó conmigo en la rebelión militar de 1990. Luego, ya en libertad, y ante el accionar vengativo de los que hoy gobiernan mi país que otrora condujeron las cúpulas terroristas que azotaron a la Argentina, se radicó en Bolivia, creyendo yo que estaba en La Paz. Si hubiera sabido que se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, donde estuve entre el 25 al 31 de marzo de este año con la comisión de Unoamérica, no tenga dudas que lo hubiera tratado de encontrar para darle un abrazo de camarada de armas.
Decir del coronel Baraldini, honorable caballero de 73 años de edad, que es un mercenario, magnicida o terrorista es una infamia que solo puede caber en mentes afiebradas y enfermas de odio.
Es evidente (por lo que leido) que la persecución no se agota en los argentinos, sino también en personas de bien que he conocido durante mi breve estadía en la tierra camba. Incluyo, entre otras, a la periodista Centa Reck, a quien conocimos en la conferencia de prensa brindada por nosotros en la sala correspondiente de la brigada parlamentaria el 30 de marzo. Seguramente por sus comentarios periodísticos, el gobierno de Evo también la incluye en esta "célula terrorista del tercer mundo" al que seguiremos perteneciendo mientras tengamos sátrapas (en el sentido persa de la palabra) del Foro de San Pablo como gobernantes.
El autor es licenciado en estrategia y Organización y es ex Mayor de Caballería de Argentina
Jorge P. Mones Ruiz (Primero de la derecha)
