Amcham: nacionalización en Bolivia mermará inversiones a largo plazo

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La Paz
      El presidente de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (Amcham), José Luis Contreras, advirtió este jueves que resultado de la política de nacionalización aplicada por el Gobierno en el sector de hidrocarburos y telecomunicaciones tendrán su efecto a largo plazo en la disminución de inversiones.

    Contreras explicó que la recuperación de las acciones en las empresas petroleras puede entenderse como una continuación de la política aplicada desde mayo de 2006; sin embargo, consideró que la nacionalización de Entel, resulta ser más "política que estratégica".

    El empresario consideró que el proceso nacionalizador debió darse de acuerdo a los resultados que cada sector presenta dentro de la economía, porque por ejemplo Entel es una empresa productiva en el mercado competitivo.

    No obstante, indicó que este tipo de políticas mermará a largo plazo la inversión extranjera en el país, la cual en la actualidad se encuentra alrededor de los 180 millones de dólares, muy baja en comparación con la de otros países.

    Si bien a través de los nuevos impuestos aplicados al sector de los hidrocarburos se logró captar un mayor ingreso para el país, éste sólo está manteniendo las reservas y no se las está incrementando.

    El presidente de la Cámara Americana indicó que toda esta situación que se vive en el país deriva en una "inseguridad jurídica".

    El 1 de mayo el Gobierno emitió decretos para recuperar la mayoría accionaria en tres empresas petroleras capitalizadas -Andina, Chaco y Tranaredes- y en una privatizada - CLHB-, al igual que la nacionalización de Entel.

    Tras esa determinación, las empresas están acatando la disposición y realizando la transferencia de las acciones, en el caso de las petroleras y con relación a Entel, aún se aguarda el inicio del avalúo de la inversión realizada para la devolución.

    La política del presidente Evo Morales apunta a recuperar para el Estado todas las empresas estratégicas del país y considera a los servicios del agua, la energía eléctrica y la telefonía como "derechos de la población" por tanto deben ser administrados también por el Estado y no la empresa privadas.