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Dante N. Pino Archondo

Cierto grado de descomposición


2018-06-13 - 21:21:16
El uso de los fondos públicos, producto del pago de los impuestos del ciudadano, está determinado por la ley general del presupuesto de la nación, que se aprueba por la Asamblea Plurinacional Legislativa, cada año, en el cual se establecen las partidas presupuestarias que deben regir ese uso. Cualquier transgresión a estas partidas se considera malversación de fondos y esta penado por ley.

“Los ministerios de la Presidencia, Gobierno, Defensa y Obras Públicas, Servicios y Vivienda cuentan con el 70% del total del presupuesto que fue asignado a los 20 ministerios por el Órgano Legislativo tras la aprobación del presupuesto General del Estado (PGE-2018). El monto de las cuatro carteras de Estado llega a los Bs. 13.666 millones, del total del presupuesto ministerial, que asciende a Bs. 19.536 millones” Información prestada por El Deber 20 de enero 2018.

Esto significa que el 70 por ciento del presupuesto esta concentrado en cuatro carteras ministeriales que responden, todas, a la presidencia de la república para promover la imagen presidencial. Los fondos concentrados en las carteras de Gobierno y Defensa (6.979 millones de bs.) son destinados al uso de la represión camuflada como seguridad ciudadana, Obras Publicas, Servicios y Vivienda se destinan para desgranar obras que deben servir para propaganda del señor presidente

Esta distribución presupuestaria esta lejos de reflejar una política social que priorice a la salud y educación. Demuestra la intención de usar los escasos recursos que tenemos en función a proyectar la imagen de un funcionario publico que ejerce transitoriamente las funciones de presidente. Pues bien, no es difícil justificar el gasto cuando se trata de encubrir los caprichos de un presidente, que como un adolecente no mide la dimensión de los que hace porque simplemente quiere hacer y punto.

El desprecio con el que se actúa nos muestra un cierto grado de descomposición moral del gobernante, que usa y abusa del cargo que ostenta. Ya no es solo la cantidad de dinero despilfarrado sino la ética que debe demostrar un presidente en el uso de los dineros encomendados para que los administre en función al interés general.

Y no es solo gasto, sino también son las prebendas o pagos por servicios políticos prestados, como el caso del señor José Flores Monterey designado como Representante Permanente ante los organismos internacionales en Ginebra, ciudadano que votó a favor de la re elección indefinida del señor Evo Morales. Un claro uso de trafico de influencias en razón al cargo. Otra muestra de desprecio por la ciudadanía, que se hace desde el poder.

Las amenazas vertidas por el ministro de gobierno para justificar el crimen de un universitario y el desafío posterior a la protesta popular, de “no renunciaré” atribuyendo a la derecha tal demanda es otra demostración de soberbia y descomposición moral del gobierno. Por ultimo, el pago de 46.2 millones de dólares americanos a la empresa Quiborax, a la que el presidente Carlos Mesa le quitó las concesiones por defraudación al Estado, medida que fue ratificada por el presidente Eduardo Rodríguez corrigiendo errores de procedimiento, que no fueron debidamente defendidas por el señor Arce que hace las funciones de todo terreno en el gobierno y que se apresura a pagar esa suma a una empresa que no había invertido mas que un millón de dolares y había utilizado documentos falsos en la sustanciación del juicio, muestran la enorme degradación moral al que ha llegado un gobierno.
Ciertamente parece que no les importa lo que hacen ni sus consecuencias futuras, están convencidos de que tienen 500 años por delante y en esa lógica nadie ni nada puede frenarlos. Esta descomposición moral es contagiosa. Es una forma de decirle al ciudadano que los delitos cuando se repiten dejan de serlo para convertirse en ejemplos. Es como una invitación a delinquir, porque la ley estorba y cuando lo hace “se le mete nomás” y después se arregla.

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