Wilfredo Rojo ParadaA propósito de la cumbre Sembrando Bolivia
2015-06-02 - 18:29:01
A partir de la caída del petróleo en octubre de 2014, todos los países del mundo en general y Latinoamérica en particular, realizaron ajustes en sus políticas monetarias. Las causas de la baja en el precio del crudo fueron: 1) Una débil demanda global de productos derivados del petróleo que se mantenía desde 2007-2008 y; 2) La retirada de inversiones financieras que alimentaron una burbuja en los precios del petróleo. Los informes de la OPEP de 2014 daban cuenta que los países miembros reducían su producción; mientras tanto, países no asignados a la OPEP, Estados Unidos y Rusia, aumentaron su producción, gracias a la técnica de fracturación hidráulica o fracking, conocido también como gas de esquisto.
En el ámbito del subcontinente americano la política cambiaria se movió en torno a proteger su industria y evitar efectos contrarios a sus economías. Mientras la dinámica económica de los países latinoamericanos reaccionó oportunamente, Bolivia todavía no lo ha hecho y, a efectos de acomodar la economía nacional a la nueva realidad mundial, el Presidente boliviano lanza una propuesta: la cumbre Sembrando Bolivia -aplazada reiteradamente-, solo para el sector primario (agricultura) en el supuesto de que éste podría reaccionar en corto plazo para cubrir la brecha abierta por los bajos precios de la venta de los hidrocarburos de Bolivia a Argentina y Brasil.
Consideramos que no solamente debería impulsarse el sector primario de la economía nacional, sino otras áreas de carácter estructural diferentes a las que el gobierno del MAS proyectó dos años antes de asumir la administración de la economía del país y la llevó adelante por 9 largos años. Evidentemente está desgastada, y esto porque muchos de sus protagonistas ya no están, y la realidad de entonces es muy distinta a la de ahora. En ese contexto, el discurso del Proceso de Cambio ha quedado obsoleto, urgen nuevas y eficaces ideas para acompañar los cambios de la economía global.
El encuentro en cuestión, creó gran expectativa en la posibilidad de plantear objetivos importantes que dieran un nuevo rumbo a la economía boliviana. La propuesta gubernamental fue de ampliar la frontera agrícola en 10 millones de hectáreas hasta el año 2025, a fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. El logro para el sector agropecuario fue el de extender el plazo del control de la Función Económico Social (FES) de dos a cinco años, ampliación que no es suficiente para la ganadería cuyo ciclo económico es de 8 a 10 años, dependiendo de la tecnología que se aplique.
En relación a las restricciones a las exportaciones, solo se llegó a enunciados en el sentido de que “se facilitará por sectores”. En relación a introducir nuevas semillas transgénicas no hubo una respuesta concreta debido al rechazo del Pacto de Unidad (PU) que reúne a organizaciones sociales y campesinas, aliadas al Gobierno central. Se propuso, sin fecha determinada, la compatibilidad de producción transgénica y orgánica, y el no uso de transgénicos. Al fin de cuentas, el propósito manifestado por el presidente Morales de “cambiar el modelo económico”, no se hizo patente en las mesas de trabajo, tampoco se lo percibió a niveles de viceministros y directores del ramo agropecuario.
En suma, de parte del Gobierno nacional sucedió lo mismo que en los gobiernos de libre mercado: no poder contrarrestar la enorme asimetría en las políticas económicas micro y macroeconómicas. Bolivia requiere urgentemente de un trazado transparente y explícito de la economía, sin complejos, para alcanzar un desarrollo agroindustrial eficiente y sostenible, con políticas adecuadas, leyes pertinentes para el crecimiento de la economía, lo cual significa seguridad jurídica, exportaciones libres, tecnología, infraestructura, logística, si se quiere evitar una balanza comercial deficitaria y un déficit fiscal.
Es indispensable que el país reoriente su visión de desarrollo económico en objetivos de corto, mediano y largo plazo; pero sin lugar a dudas, de forma inmediata brindar mayores y mejores posibilidades a una agricultura que esté apegada a la agroindustria, y no inducir a visiones contradictorias en ambos sectores, pues ellos se compatibilizan y subsisten el uno con el otro. Por lo tanto, el apoyo gubernamental debería ser equitativo para ambos. Si la Administración de Gobierno entra en esta dinámica obviamente que liberará las restricciones a la exportación y propiciará la tecnología.
La actual cartera de Producción Interna no es suficiente para el desarrollo y fomento del comercio exterior, es imprescindible la creación de un Ministerio de Exportaciones que destrabe los trámites burocráticos y agilice los clusters de exportación. Es impostergable que el Estado abra caminos de negociación para lograr tratados de libre comercio con la Comunidad Europea, Estados Unidos y la inserción dentro de La Alianza del Pacífico, que está logrando resultados significativos entre sus países miembros, y no con el Mercosur que lo único que se ha logrado es la destrucción del sector forestal.
Asimismo, se debe mejorar la Ley de Inversiones con una reglamentación apropiada haciéndola más competitiva con la legislación de países sudamericanos, y adecuarla con énfasis en soluciones de conflicto y seguridad jurídica. Es imperioso pensar en una nueva Ley Tributaria que sea impulsora de la inversión productiva, e implementar medidas impositivas a largo plazo. Es pertinente que la política económica del país abandone decididamente la idea de convertirse en un Estado-Empresario compitiendo con los sectores privados.
En los ámbitos de implementación de la Planta de Urea y Amoniaco (Bulo Bulo-Cochabamba), y de las Plantas de Separación de Líquidos de Río Grande (Santa Cruz), y de Gran Chaco (Tarija) se deben crear iniciativas para el fomento de proyectos con intervención de la industria privada boliviana a fin de que ésta, en base a la materia prima, logre el cambio de la matriz productiva nacional. Lo mismo se puede aplicar a la Planta Piloto de Litio que se construye en Uyuni (Potosí) para la transformación de la industria automotriz. Ni qué se diga del Mutún, con la creación de industrias privadas siderúrgicas que le den valor agregado al hierro.
Es necesario emprender proyectos como el de Puerto Busch con una conveniente logística de importación y exportación de productos, como eje-gordiano de los ríos Paraguay y Paraná que ofrecen ventajas para el tránsito de mercaderías de importación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y para las exportaciones bolivianas. También está el proyecto múltiple de Rositas con sus impactos en las áreas hidroeléctrica, agua para consumo humano, riego para el desarrollo del chaco, instalación de agroindustrias y control de inundaciones. En el segmento de riego con la cobertura de 650 mil hectáreas en tierras del chaco.
El Gobierno central debería dictar medidas -como lo hacen los demás países-, que protejan el sistema productivo nacional, modificar las políticas antiinflacionarias y arancelarias, porque debido a la “bolivianización” de la moneda, que no altera el tipo de cambio, afecta a la competitividad del aparato productivo y por consiguiente al comercio exterior.
Bolivia debe ser encarada sin egoísmos en su desarrollo, sin conceptos dogmáticos en política y economía, subir de una vez por todas al tren del progreso después de casi una década de haber perdido oportunidades ante el hiperciclo del auge de los precios de las materias primas. En este momento en que las economías latinoamericanas se encuentran en un stand-by de sus economías, el sector privado no debe ser usado para la foto conmemorativa del evento, o para sacar partida como factor de dominio político, sino para genera sinergias.
Como alguien ya lo dijo, la cumbre Sembrando Bolivia, se asemejó al “elefante que parió un ratón”. No logró satisfacer la expectativa anunciada por su enunciado, no alcanzó ni siquiera atisbar un cambio en el modelo económico que se requiere, es hora de desempolvar los estantes de los planes y proyectos económicos agotados, y direccionar al país a un cambio de modelo real y efectivo que garantice el futuro de los bolivianos.
