Humberto Vacaflor GanamMafias legalizadas
2013-11-11 - 00:37:21
El presidente José Manuel Santos está contento porque ha logrado que las FARC se conviertan en una fuerza política, se sometan al veredicto de la democracia, dejen los territorios donde tienen cocales ilegales y abandonen la industria del secuestro, por lo menos en territorio colombiano.
El expresidente Álvaro Uribe cree que el acuerdo, firmado en La Habana, es demasiado condescendiente con una organización que durante medio siglo atormentó a Colombia.
Santos y Uribe saben que las FARC han dejado de ser una mafia que sólo operan en Colombia.
Saben que desde hace años, con el beneplácito de Hugo Chávez, operaban en territorio venezolano, a tal punto de haber convertido al río Orinoco en la principal vía de salida de la droga. Y saben que las FARC están operando en Bolivia y Paraguay, como una verdadera transnacional.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, lo dijo en la asamblea de la OEA realizada en Bolivia en junio 2012: “Sabemos que el éxito nuestro a veces es perjudicial para otros”, cuando admitía que las FARC estaban operando en territorio boliviano. Se confirmaba así que las FARC habían decidido emigrar y expandirse.
La legalización de las FARC produce cuando el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, según dice una versión periodística, habría pedido a Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa, una especie de tregua para crear las condiciones de seguridad que permitan el retorno de las empresas petroleras con garantías del Estado mexicano y de la mafia, en partes iguales.
Tiempo de triunfos políticos de las mafias, como se conoce a las organizaciones, armadas o sindicalizadas, que se dedican a actividades ilegales.
En Bolivia, los cocaleros del Chapare, donde se da la mayor concentración de cultivos ilegales del país, han anunciado que ellos decidirán cuándo se conocerá el Informe sobre la Coca elaborado en 2010 con recursos de la UE. El gobierno establecido no se atreve a contradecir a los cocaleros ilegales y sólo atina a decir que el famoso informe no tiene plazo de entrega. Los cocaleros ilegales también decidirán cuantas hectáreas se necesitan para el consumo legal interno, una tarea que debía ser solamente del gobierno.
Lo preocupante de todo esto es que, cuando las mafias reciben carta de ciudadanía, los ciudadanos que sólo se dedican a actividades legales, honradas, que tributan, podrían tener la tentación de emigrar hacia el lado oscuro de la economía.
Vacaflor.obolog.com
