Álvaro Riveros TejadaDebemos reglamentar la Ley del Embudo
2013-07-17 - 08:58:48
Como muchas otras normativas legales, una ley no alcanzaría su vigencia total sin ser reglamentada, de ahí que es imprescindible que todas ellas cuenten con este instrumento aprobado por el Poder Ejecutivo, o por cualquiera de los otros órganos del Estado a los que se les reconozca potestad reglamentaria.
Esta inquietud nace de la necesidad de que todos los actos que nos exasperan a los bolivianos por su presunta ilegalidadadquieran un marco jurídico legaldefinitivo, atendiendo la preocupación de S.E. de meterle nomás y arreglar luego. Asimismo, nuestra preocupación estriba en la perentoria necesidad de, sino legalizar, al menos hacerla más comprensible a la mayoría de los bolivianos mediante un instrumento que nos permita entender por qué la justicia se expide actualmente por el lado ancho, ágil y veloz para unos y, para otros, por el lado opuesto, delgado, moroso y condenado a dormir el sueño de los justos.
El país entero recuerda el furioso y rápido proceso que se instauró en contra del alcalde de Potosí René Joaquino, por el delito de comprar un lote de vehículos de segunda mano, que aún siguen en funcionamiento en dicho municipio, lo que le costó la destitución de su cargo. Hoy, con sorpresa nos enteramos que el gobierno se apresta a comprar una partida de aviones usados y no existe ni una citación fiscal para los adquirientes.
En Montevideo acaba de realizarse una cumbre presidencial del Mercosur para denunciar el atropello inferido a S.E. en su vuelo de retorno de Moscú a La Paz por el tenebroso caso del espía de la CIA Snowden. La declaración conclusiva de dicho evento hace énfasis en la importancia del asilo y el compromiso de todos los países latinoamericanos de respetarlo y honrarlo. Entretanto, ya van trece meses que el senador Pinto lleva asilado y ninguno de esos epónimos Jefes de Estado hizo la más mínima alusión a este extraño caso, ni se apiadan ni se inmutan por su suerte.
Son numerosos los hechos que prueban esta aseveración como es el caso de la orden de aprehensión que se ha dispuesto para los tres dirigentes del TIPNIS: Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas por no haberse presentado a declarar sobre una denuncia del dirigente cocalero Gumersindo Pradel por haber sufrido, en el marco de la justicia comunitaria, una zurra por parte de los indígenas que rechazaron su presencia. Entretanto, en los estrados judiciales sigue haciendo cola Don Marcial Fabricano, en espera de una justicia que nunca llega, por la azotaina que le propinaron sus congéneres hace años, con graves y visibles cicatrices que aún persisten. Asimismo, recordamos con asombro que, mientras “El secuestro del Canciller Choquehuanca” voló en su trámite judicial, hoy se establece que su secuestradora era una agente policial infiltrada en la famosa marcha. ¿Qué paso entonces,los marchistas fueron a parar a San Pedro y los otros a San Jorge?
Es en mérito a todas estas anomalías expresadas, que sugerimos la urgente reglamentación de la Ley del Embudo.
