Marcelo Ostria TrigoLa Carta olvidada
2013-06-19 - 17:40:00
La Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, es el mecanismo adoptado por los países del hemisferio para preservar los principios y objetivos democráticos contenidos en la Carta fundacional de la OEA en la se que reconoce que la democracia “es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, dice la Carta Democrática. Esto supone que los gobiernos que emergen de elecciones “libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, no solamente tienen que resguardar el sistema democrático y enfrentar amenazas de interrupción ilegal de sus períodos constitucionales, sino también respetar ellos mismos los derechos y libertades democráticas de sus ciudadanos.
La Carta establece que en el caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. Una alteración del orden constitucional, está claro, también puede resultar de una conducta de un gobierno.
La OEA sabe –sus observadores fueron testigos– que a tiempo de aprobarse la nueva constitución hubo el compromiso para incorporar en su texto una disposición –como artículo transitorio- que disponga que los períodos del actual Presidente y de su Vicepresidente se computarán los períodos anteriores a la vigencia de esta nueva ley fundamental; es decir que no habría una segunda reelección, pues un tercer período contraría la alternancia democrática. Y el artículo fue incluido.
Pero, como se sabe, se busca nomás la nueva reelección, y el Secretario General, José Miguel Insulza, lo sabe y, en lugar de informar al Consejo Permanente de la OEA sobre esta conducta antidemocrática –similar a la que forzó el sandinismo en Nicaragua presionando a la justicia de ese país para que acepte la reelección de Ortega–, insólitamente pide disculpas porque un funcionario de la OEA reafirmó que conoce de tal compromiso.
Se ahonda la conocida conducta antidemocrática que tiene un cómplice: el Secretario General de la OEA, quien se olvidó de la tan alabada Carta Democrática Interamericana.
