El ‘caso Rozsa’, nombre con el que también se conoce el complot terrorista-separatista elucubrado por el gobierno de Evo Morales para eliminar a la dirigencia autonomista cívico-política de Santa Cruz- Bolivia, es una ‘pesadilla kafkiana’. Como la obra de Franz Kafka, aquella y éste caso desnudan la realidad de un proceso más político que judicial, sujeto a la impotencia y la indefensión de ciudadanos, frente al poder de una administración de justicia sometida al poder político. Peor aun, desnuda un poder judicial complaciente y subordinado al poder político.
No voy a escribir sobre El proceso, la novela inconclusa, compleja y paradigmática, del existencialista Franz Kafka (1883-1924), publicada luego de su muerte, en 1925, por su amigo y albacea Max Brod. En lugar de hacer una fogata con todos sus escritos, como le había pedido el escritor, se convirtió en el salvador de su literatura y legó al mundo, a la historia y a la cultura literaria “El proceso”. Kafka narra ahí lo que vivió Joseph K, el protagonista, en un clima tóxico y deshumanizado que también experimentan sus lectores. Joseph K nunca supo de qué se lo acusaba, estuvo en absoluta indefensión jurídica y nulo acceso a una justicia que nunca fue transparente, imparcial, recta y decente.
El proceso del que quiero hablar, tampoco se refiere a la película del mismo nombre dirigida por Orson Welles, cuyo guión, basado en la novela de Kafka, también lo escribió el cineasta. En esa película actúan nada menos que los memorable Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli y el mismo Welles.
Ambas expresiones artísticas dejan una sensación perturbadora y desdichada porque se le niega al acusado Joseph K , un juicio justo, en manos de una burocracia judicial ajena a la solidaridad.
El “caso Rosza” es el complot terrorista-separatista elucubrado por el gobierno de Evo Morales para eliminar a la dirigencia autonomista cívico-política cruceña, férreo obstáculo entonces, en 2008 *, al proyecto de poder centralista, autoritario, re-re-eleccionario del autócrata presidente. En Bolivia se vive un “estatismo político”, calificativo que según Fernando Mires, remite a “la supresión del juego político en aras de la eternización en el poder del Estado de una determinada camarilla”... afín al caudillo, aquí el populista y demagogo Evo Morales.
Nuestro ‘proceso kafkiano’ conocido también como el “caso Rozsa”, toma el nombre del infiltrado en la dirigencia cruceña, que tiene 39 imputados entre presos y exiliados hace casi cuatro años sin presentar cargos ni sentencia, violando la norma, cuyo término es de tres años. Eduardo Rozsa, cruceño de nacimiento y húngaro por padre, fue asesinado extrajudicialmente junto con sus compañeros de aventuras, Micheal Dwyer, irlandés, y Arpad Magyarosi, húngaro, en la operación encubierta, el 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra.
Se salvaron de aquella masacre el también húngaro Elod Toasó y el croata-boliviano Mario Tadic, hoy imputados y presos desde aquel día.
Antes del traslado de la audiencia conclusiva oral del proceso a Santa Cruz de la Sierra, el complot–juicio político con carátula judicial-terrorismo-separatismo, le explotó en la cara al tenebroso fiscal del caso, Marcelo Sosa, por insuficiencia de pruebas. Presentó sus cargos sobre la base de supuestos, indicios, hipótesis, amén de contaminación, suplantación y siembra de falsas pruebas que el juez de entonces, le mandó a rehacer el expediente. La ‘siembra’ de adulteradas o inventadas evidencias nunca vistas o comprobadas, como las armas de los supuestos terroristas, que ‘fueron destruidas, dada su alta peligrosidad’, según el fiscal Sosa, carece de pruebas y todo el caso debiera ser declarado nulo porque es, amén de otras consideraciones, una vergüenza al ejercicio probo del derecho y un caso de reiterada violación a los DD.HH.
Proceso itinerante
Luego de más 3 años de andar itinerante: La Paz, Cochabamba, Yacuiba, Tarija, violando el debido proceso, amén de ‘esconder’ irregularidades correlativas en la foliación en el expediente, tachaduras y borrones que hablan de graves anomalías jurídico-administrativas, el actual juez decidió trasladar el caso a esta capital. Si aquí se cometió el atentado al domicilio del Cardenal Julio Terrazas, que dio pie al título de ‘terrorismo’, aquí debió haberse sustanciado la causa, respetando el juez natural que correspondía a esta jurisdicción. Sin embargo, todos los miembros del tribunal pertenecen a los estrados judiciales de La Paz, y el argumento del fiscal Sosa, duro acusador sin prueba contundente alguna contra los 39 imputados, de que su seguridad y la del tribunal estarían en riesgo, ha caído por su propio peso: el proceso se ha desarrollado en esta ciudad durante una semana sin incidente alguno, a pesar de que aquí radican los impotentes familiares de la mayoría de los procesados.
En el transcurso itinerante del caso, se ha expuesto a los procesados a una condena mediática perversa: van de un lugar a otro esposados y durante las audiencias, como pudimos verificar los presentes en Santa Cruz de la Sierra, llegan enmanillados; al entrar en sala los liberan, pero quedan al lado de sus custodios. Si desean ir al baño, vuelven a ser esposados.
El actual juez, Sixto Mendoza tras reinstalar el caso en esta ciudad, permitió el ingreso por primera vez de la prensa y los familiares de los detenidos a la sala que nunca habían podido viajar a La Paz a visitar a sus presos. Los fiscales y la representante del Gobierno, se opusieron y más bien pedían que las audiencias se celebraran en la cárcel citadina, exceso al que se negaron los abogados defensores y el propio juez.
Aquí se escuchó la defensa del general en retiro Gary Prado Salmón impedido de asistir a otras audiencias por su condición tetrapléjica. Como dice el periodista Harold Olmos, en su blog, Con derecho a hablar, Prado Salmón habló y habló con argumentos. Relató que cuando era capitán, él fue quien tomó prisionero con vida al guerrillero Ernesto Che Guevara en Ñancahuazú, en 1967, y nada tuvo que ver con su posterior y extrajudicial asesinato, en manos de las FF.AA. bolivianas y los asesores de la CIA, presentes en toda guerra contrainsurgente en America Latina. Prado de 74, desbarató una a una todas la acusaciones de la fiscalía, como la de haber elaborado un manual subversivo.
Trasladar el ‘caso Rosza’ a ciudades de altura, puso en peligro la vida de uno de los imputados con severas dolencias cardíacas, Ronald Castedo Allerdigns, que ha acusado a todo el tribunal presente y anterior, de intento de homicidio. El sí asistió a Cochabamba a 2570 mts. sobre el nivel del mar y a Tarija a 1800. Desde allí fue trasladado en condición de extrema gravedad a esta ciudad, donde asiste a las audiencias.
Asesinaron las evidencias
El proceso abierto contra 39 personas, unas presas, otras en el exilio, hace aguas por las mentiras y contradicciones del gobierno, como han demostrado fehacientemente los abogados defensores. Todos los indicios apuntan a que en el ‘caso Rozsa’ sí hubo terrorismo, pero de Estado: los únicos actos terroristas fueron cometidos por sus agentes encubiertos, quienes colocaron la bomba en la casa del Cardenal y asaltaron el hotel donde fue asesinado Rozsa, el único testigo que podía acusar al gobierno como autor del ‘complot’, según declaraciones de un sobornado testigo oficialista, ‘el Viejo’ hoy en el bando de acusados.
El terrorismo de Estado planificado con premeditación y alevosía desde el gobierno central-centralista, fue la estrategia político-económica-social-militar-territorial de Evo Morales y sus hombres para el copamiento del poder total, sin impedimento alguno. De ahí que su objetivo principal era asestar un golpe mortal simbólico y real a Santa Cruz y sus dirigentes, siempre díscolos frente al poder central y no sin razones.
Mario Tadic, parte del grupo Rózsa sobreviviente del asalto al hotel el 16 de abril de 2009, revela que el miliciano de tres nacionalidades - también tenía ciudadanía croata, además de húngara y boliviana- mantuvo relación con autoridades del Ejecutivo y oficiales de policía que le daban cobertura. Por eso había que sacarlo del juego: sabía mucho y ya había hecho su trabajo de doble agente, de manera satisfactoria: se infiltró, jugó de romántico defensor de Santa Cruz, y le hizo pisar el palito a más de uno. Por eso “asesinaron las evidencias” decían los imputados en los recesos de la audacia conclusiva.
También por eso el juicio debe ser declarado nulo, determinando el archivo de obrados por ausencia de pruebas. Y sin pruebas, no hay proceso. O no debiera haberlo, pero los hay, como lo hubo con Joseph K en “El proceso” de Kafka y como lo hay en Bolivia, con el caso Rózsa.
El proceso kafkiano a la boliviana, es uno de los eslabones más del asalto al poder de Morales y sus hombres, con violación al Estado de Derecho, a las normas de la convivencia políticas en democracia y a los Derechos Humanos.
En un nuevo receso de 10 días, el caso se volverá a instalar el próximo 4 de marzo, y tocará el turno, otra vez, a los fiscales acusadores. ¿Qué nuevas pruebas presentarán Sosa, su asistente y la abogada del ministerio de Gobierno, que sustituye a los anteriores, procesados hoy por graves y comprobados delitos de extorsión?
El expediente, como señaló una de las abogadas de la defensa, adolece de los mismos vicios anteriores. La conspiración kafkiana, sujeta a la impotencia y la indefensión de ciudadanos, frente al poder de una administración de justicia sometida al poder político, o un poder judicial complaciente y subordinado al poder político, tendrá nuevas páginas, y a su tiempo escribiremos sobre ellas.
* Desde 2006, apenas inaugurado su primer gobierno, Evo Morales enfrentaba muy fuertes liderazgos prefecturales y cívicos de la Media Luna, cuya demanda autonomista tenía en Santa Cruz su bastión más combativo. Hacia 2008 llegó Eduardo Rózsa Flores para ejecutar un presunto plan de defensa del departamento. Ahí se codeó con algunos sectores locales importantes, que vieron la oportunidad de armar un esquema de defensa civil, ante las agresiones y cercos de los movimientos sociales del oficialismo. Luego, el grupo de Rózsa es infiltrado por agentes del gobierno que dejó a gran parte de la dirigencia económica y empresarial en desbandada. Hoy, víctima del grupo de extorsionadores de gobierno y por una cuestión de sobrevivencia, pacta con el gobierno.
