Cuando se esparce la inquietud, la inconformidad y la protesta de los ciudadanos, hay gobiernos que pretenden –y algunas veces lo consiguen– desviar la atención ciudadana con acciones espectaculares e inflamando el patrioterismo. Para esto, ya es habitual que los regímenes populistas recurran a nacionalizaciones y expropiaciones de empresas privadas, con el sambenito de que así se recuperan nuestros recursos naturales, que estuvieron en manos de inversores privados nacionales y extranjeros.
Esta política de fácil estatismo, no toma en consideración que “las sociedades más justas, prósperas y desarrolladas del planeta se caracterizan, precisamente, por poseer una cierta visión compartida de la economía y de la forma de gobierno” (C.A. Montaner); visión que se manifiesta en los “Criterios de Copenhague de 1993”, para admitir el ingreso de nuevos países en la Unión Europea; entre ellos, “la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías y la existencia de una economía de mercado viable…”
La reciente nacionalización de cuatro filiales de la empresa de electricidad española Iberdrola: dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones, no va a reponer el debate sobre las bondades o inconvenientes del estatismo y de la economía de mercado, pese a los muchos antecedentes de ineficiencia y falta de transparencia en el manejo estatal de las empresas públicas en Bolivia.
Esta nacionalización no parece ser parte de un plan gubernamental. Se trata, en realidad, de desviar la atención pública sobre vergonzoso caso de la red de extorsión a ciudadanos integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de la judicatura y el Ministerio Público.Pero esta jugada le va a costar muy caro al país, y no es probable que desaparezca el escándalo de la extorsión judicial. Se sabe que Iberdrola, con el apoyo del gobierno español, ha pedido al de Bolivia que «pague el valor real» de lo expropiado, unos cien millones de dólares.
Por otra parte, esta nueva nacionalización seguramente será tomada en cuenta por potenciales inversionistas, ratificando que Bolivia, lamentablemente, no es jurídicamente segura para emprender actividades económicas privadas en el país.
Lo que acaba de suceder, concuerda también con el famoso “exprópiese” del comandante Chávez. Así se hipertrofia el Estado y se reducen las opciones de desarrollo.
