Corría el mes de octubre de 2007. Se había iniciado el período anual de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El avión venezolano que llevaba al presidente de Bolivia a Nueva York para intervenir en esas sesiones, fue desviado por la torre de control de tráfico aéreo y la nave arribó con dos horas de atraso. No se alteró la agenda del mandatario.
Pero hubo gran enojo. Se intentó dar a este hecho una connotación política. El ministro que acompañaba al presidente de Bolivia, ya en La Paz, anunció una campaña internacional para el cambio de sede del organismo mundial. Luego, ya no se habló más, ni hubo esa campaña basada en la demora de un vuelo.
Ahora, porque Estados Unidos no aceptó el pedido de Bolivia de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un legislador, hablando en nombre de su partido y dejando de lado, como ya es habitual, a la Cancillería, acaba de anunciar: "Oficialmente estamos –se refiere al Movimiento al Socialismo– solicitando de (sic) que Bolivia sea el principal promotor para que los países miembros del Alba (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) y Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) se pronuncien para que cambien la sede de esas instituciones que están asentadas en Estados Unidos", o sea la onU y la OEA. La pretensión de traslado de la sede de la organización mundial no es de poca monta. Además de ser una actitud agresiva por un entredicho bilateral, está fuera de toda proporción.
Se tendría que elegir una ciudad importante por sus facilidades de acceso y de comunicaciones, y hacer grandes inversiones, como la adquisición de un extenso y, seguramente, muy costoso predio urbano. La sede, ubicada en Manhattan, consta de 7.2 hectáreas (72.000 m2) y comprende, además, terrenos donados por el municipio de Nueva York. En ese lugar, se encuentra el emblemático edificio de la organización, diseñado por un comité de arquitectos de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Suecia, Unión Soviética y Uruguay.
Como ya sucedió hace casi cinco años, seguramente muy pocos países, fuera de los miembros de la ALBA e Irán, Siria y algún otro, tomarían en serio esta propuesta. Es que no hay un diferendo internacional –no lo hubo ni en la Guerra Fría– que justifique que los 193 países que integran la organización se empeñen en semejante esfuerzo. Tampoco es previsible que la iniciativa del gobierno del MAS concite apoyos de muchos países que no están dispuestos a poner en peligro la existencia misma de la organización por un asunto que no tiene la trascendencia internacional que se pretende. Razones similares se oponen a un posible cambio de la sede de la OEA: la ciudad de Washington D.C.
Se dirá que se trata de evitar la impunidad. Pero, si de precedentes se trata, hay uno que debe aplicarse. En octubre de 2006, el gobierno del Perú solicitó la extradición de un ciudadano de ese país radicado en Bolivia, condenado por varios delitos, entre ellos por terrorismo. El gobierno del MAS negó el pedido y concedió al acusado la categoría de refugiado político. Hubiera sido una demasía que el gobierno peruano intentara –no lo hizo, naturalmente– alguna represalia; por ejemplo, que buscara apoyos para trasladar a otro país andino la sede del Instituto Internacional de Integración (I.I.I.), fijada en La Paz, Bolivia.
Finalmente, no es probable que la negativa a este pedido de extradición, vaya a preocupar al mundo.
