Patria es “la tierra de los padres”, que merece un amor natural de los hombres y mujeres bien nacidos. Pero para los políticos es una suerte de gueto, para su servidumbre, con fronteras impuestas y defendidas con violencia, con fanatismos “patrióticos”, al mejor estilo barrabrava, e intereses creados a partir de esta servidumbre impuesta a los ciudadanos. Con ridículas aduanas y pasaportes que solo sirven para violar “legalmente” los derechos humanos más básicos.
La disolución de Estados como la URSS, Yugoslavia y otros, la creación de nuevos países, y nuevas fronteras son las principales causas por las cuales unas 12 millones de personas son “apátridas”, no tienen ciudadanía debido a trabas burocráticas. Un clásico han sido los gitanos europeos perseguidos por décadas; hoy existen grupos como los camboyanos que no pueden regresar luego del exilio en Vietnam, los miles de bidoun que se fueron desde Kuwait a Irak o los musulmanes en el norte de Myanmar, que ahora viven refugiados en Bangladesh.
Como “legalmente” no son ciudadanos de ningún país, con frecuencia no tienen derechos básicos, como atención médica, un empleo calificado, entrar y salir del territorio o inscribir a sus hijos en las escuelas y, en algunos casos, llegan a sufrir largos períodos de arresto porque no pueden “probar” quiénes son ni de dónde vienen. Resulta que, para estos políticos, los derechos humanos son solo para aquellos a quienes consideran merecedores, para sus “compatriotas”, el resto no son personas.
Algunos dirigentes argumentan que no dejan entrar a los inmigrantes porque ya hay bastante desocupación en sus países. Pero la falta de trabajo no es natural, ¿cómo puede serlo en un mundo en donde hay tanto por hacer?, tantas viviendas, escuelas, hospitales, rutas, etc. Si existe desempleo es porque alguien lo está impidiendo por la fuerza, y quién sino los Estados, que son los que tienen el monopolio de la violencia (siempre destructiva). Por caso, las leyes de salario mínimo prohíben trabajar a quienes ganarían menos.
Pero las condiciones que imponen los Estados en algunos países hacen que valga la pena, incluso, arriesgar la vida para entrar a otro país como ilegal. Desde el pasado mes de enero, 1.300 inmigrantes sin documentación consiguieron cruzar el Mediterráneo desde las costas de Libia y llegar a Italia. Muchos –jamás se sabrá cuántos— mueren durante la travesía. El último caso es el de una barcaza con 55 inmigrantes que, a finales de junio, partió de Libia rumbo a Italia. El único superviviente fue avistado por la noche por unos pescadores tunecinos. Y, para peor, existe la sospecha de que, con frecuencia, sus llamadas de auxilio no son respondidas.
Estas fronteras cerradas provocan que surjan grupos delictivos que trafican personas, como los contrabandistas o los traficantes de drogas y tantos criminales surgidos a partir de las violentas prohibiciones impuestas por los gobiernos. El cura protector de los inmigrantes “ilegales” (según los políticos) que viajan por México hacia EE.UU., Alejandro Solalinde, se auto exilió por las amenazas de muerte de los traficantes y, cuando regresó, comprobó que las investigaciones oficiales no habían avanzado. Ahora encontrará una situación agravada por el descarrilamiento, a mediados de junio, del tren que usan los “ilegales”, conocido como La Bestia, con unos 3.500 indocumentados varados en Veracruz.
* Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
