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Marcelo Ostria Trigo

Incongruencias del Mercosur


2012-07-04 - 22:34:35

La destitución del ex presidente paraguayo, Fernando Lugo, ha acaparado la atención general. Y, entre los países americanos, las reacciones no fueron coincidentes, aunque predominó, sobre la razón, la afinidad ideológica, especialmente en los socios de la ALBA, para condenar la destitución de Lugo, pues se insistió en que hubo un golpe de Estado, perpetrado por Congreso paraguayo.

Otros sostuvieron que la condena a Fernando Lugo se sujetó a lo dispuesto por la constitución de ese país y, aunque afirmaron que no se trató de un golpe de estado, sí observaron que no se garantizó el debido proceso, ya que hubo excesiva premura en dictar el fallo condenatorio.

En este caso no sólo se oponen dos visiones con argumentos jurídicos y políticos contrapuestos. Se advierte que las diferencias ideológicas entre los gobiernos fueron decisivas, sobre cualquier otra consideración, para la toma de posiciones, como lo fue en el caso de Zelaya, en Honduras. Por ello, no hubo ninguna sorpresa de que las protestas más estridentes provinieran de los gobiernos de los países integrantes de la ALBA. En efecto, éstos exigieron las más duras sanciones: que Paraguay sea expulsado de la OEA y de Unasur.

Demostrado que el Parlamento paraguayo no se apartó de la constitución de su país, persiste la duda —ciertamente no menor— sobre si hubo garantías del debido proceso para Lugo. Sobre esto, el director jurídico de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, publicó una excelente nota sobre los aspectos jurídicos de esa destitución. Y concluye: “A pesar de que el juicio político en Paraguay se realizó demasiado rápido para el gusto de muchos críticos legítimos, el presidente Lugo fue separado legalmente de su cargo a través de la correcta aplicación de un procedimiento de juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución. El juicio político se produjo en virtud de la causal imprecisa —aunque constitucional— de ‘mal desempeño de sus funciones’ ”.
 
Los socios del Mercosur, que ven un futuro incierto en este mecanismo por el exagerado proteccionismo argentino, olvidaron temporalmente sus diferencias y  resolvieron sumariamente la expulsión de Paraguay.  Habrá que recordar que la presidente del Brasil, Dilma Roussef, antes de la cumbre propició esa medida, que luego fue secundada, con estridencia, por su colega, la presidente argentina Cristina de Fernández de Kirchner.

La sospecha o acusación de que no se garantizó el debido proceso, viene acompañada por una grave inconsecuencia que linda en la hipocresía: Los socios del Mercosur Argentina, Brasil y Uruguay (los de la Triple Alianza) expulsan a Paraguay también sumariamente, sin dar al presidente Federico Franco la posibilidad de explicar lo sucedido ni de presentar descargos para defenderse de las acusaciones contra su gobierno recién conformado.
 
Y predominó otra incongruencia: Se aseguró que no se impondrían sanciones económicas para no dañar al pueblo paraguayo, pues la idea es favorecerlo para que “recupere” la democracia. Entonces, intriga cómo se incorporó al  Mercosur a la Venezuela de Hugo Chávez  —que ahora entra por la ventana—, es decir a un gobierno que ha hecho posible, entre otros absurdos antidemocráticos, que perdiendo elecciones se pueda alcanzar la mayoría congresal. Como lo afirma Javier El-Hage: las tropelías como ésta, “…ya deberían haber conducido a la aplicación (a Venezuela) de las cláusulas democráticas de la OEA motivadas en la erosión sistemática o sostenida de la democracia”.

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