Parecía que ya se había dicho todo sobre la intención del gobierno del MAS de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero aún no se conoce el objetivo preciso del eventual proceso internacional, pues se mencionaron varias alternativas: demandar la nulidad del tratado boliviano – chileno de 1904; exigir la devolución de los territorios perdidos en 1879; pedir que Chile acepte ceder a Bolivia una franja territorial en territorio que fue boliviano, cortando la continuidad del territorio chileno, o reclamar la cesión de un corredor al Norte de la ciudad de Arica, lo que, por acuerdo chileno-peruano, tendría que contar con la aquiescencia del Perú.
Según un escueto despacho de Erbol/PL, la cancillería habría hecho llegar –con viaje de mensajero incluido– a la Corte de la Haya un documento con un planteamiento, o una demanda (hay unas cuantas versiones). Ante la falta de informaciones oficiales precisas, se toma el texto reproducido por dicha agencia noticiosa.
Veamos, por ahora, la curiosa vía elegida para presentarse ante una corte de justicia –nacional o internacional. Aunque no se menciona que se trata de la iniciación de un proceso judicial, resulta extrañísimo que se presente un pedido de evaluación de una futura demanda por el tribunal de La Haya, como se lee en el despacho de Erbol/Pl.
¿Será que se requiere el consejo de los magistrados internacionales? Si es así, se habría cometido una impertinencia, ya que los jueces de La Haya no opinarán por adelantado porque de sobra saben que eso equivaldría a prejuzgar. Quizá se pretenda que ese pedido de “evaluación” tenga el carácter de una petición de opinión consultiva respecto de una cuestión jurídica que, según el artículo 65 del Estatuto de la Corte, se admite a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas –no de posibles litigantes. Esto evita, por cierto, lograr por anticipado un pronunciamiento sobre el fondo de un litigio internacional.
Se dice que, además, se habría presentado “una llamada a la reserva de derechos acerca del acceso soberano al Océano Pacífico arrebatado por tropas chilenas en una guerra del siglo XIX”. Francamente, no es posible encontrar la figura de la reserva en los procedimientos que rigen para hipotéticas causas incoadas ante la Corte.
En el mismo despacho de prensa se informa que se entregó a la Corte una nota diplomática con esa pretendida reserva y no una demanda. Pero es peor: se dice que se alertó –a la Corte– “sobre sus derechos (los de Bolivia) cuando se ventile un diferendo similar entre Santiago y Perú”. ¿Sabrá la Cancillería de algún propósito del gobierno peruano de demandar la nulidad de los tratados de límites que tiene suscritos con Chile? ¿Perú admitiría unos supuestos derechos de un tercero?
Seguramente no hay un solo boliviano que se oponga a que Bolivia logre su retorno al mar. Pero no todos aceptan que este objetivo nacional tenga un manejo chapucero.
No es creíble que la cancillería no se sepa que, por la vía ahora elegida, no hay futuro. Sólo sirve para desviar la atención sobre los problemas que nos aquejan. Es más: se estaría pretendiendo reparar la imagen oficial tan venida a menos por una diplomática errática y estridente, que ya deambula en el fracaso. Es más: así se renuncia a la negociación en un tema trascendente.
Todo esto no sería tan grave si no se corriera el riesgo de que, por un fallo adverso –ello siempre es probable–, se dé a Chile un gran argumento: “¿Qué podemos darles –dirían los chilenos– si la justicia nos confirma el derecho de disponer de nuestro territorio? No vamos a cederles soberanía”. Así se alejaría, aún más, nuestro anhelado retorno al océano Pacífico.
Alguien va a ser el responsable de un fracaso trascendente.
