Samuel Encinas Arias estaba feliz por su inminente jubilación luego de 30 años de un duro trabajo en la Policía Boliviana, lo que le permitió sustentar con honestidad a su esposa y sus tres hijos, producto de un virtuoso matrimonio durante 25 años. Sin embargo, su destino cambiaría súbitamente un infausto 21 de enero de 2003. El Teniente Administrativo Samuel Encinas Arias salió ese día en un operativo del Control Operativo Aduanero (COA), a donde fuera comisionado en 1999, pera nunca retornó.
Ocho años pasaron desde aquella incursión del COA para combatir el cáncer del “contrabando” en una localidad del Departamento de Oruro. El enfrentamiento de la patrulla del COA con un camión indocumentado tuvo como desenlace el hecho que Samuel habría sido secuestrado y desde entonces su estatus es: “desaparecido”.
Cuánto dolor se siente cuando un cónyuge o un padre pierden la vida. Pero ¡qué tortura debe ser, el no saber qué es lo que le pudo pasar a ese ser querido! Dramáticas historias llegaron a oídos de su familia, pero la verdad se desconoce. Samuel sigue desaparecido.
Muchos parajes fronterizos del país contaminados por el delito del contrabando son casi “tierra de nadie” -sin Ley, sin Estado, sin Dios-, pero con un férreo código de conducta que respetan sus habitantes: el “silencio”. Este código es el que oculta lo que le pudo pasar a quien, cumpliendo su deber, enfrentó con otros tres efectivos a implacables contrabandistas.
Ejemplar trabajador, padre y amigo -como lo recuerdan- sufrió a lo largo de su carrera dos accidentes, y en ambos salvó la vida. Su familia quisiera aferrarse a la idea de una tercera oportunidad, pero tras ocho años su resignación tiene que ver -más que encontrar la verdad- con hallar su cuerpo “para darle cristiana sepultura”.
Samuel tenía 49 años. No pudo conocer a su nieto que nació solo un mes después de su desaparición. Además, un miembro del Grupo Voluntario de Salvamento (SAR) perdió la vida accidentándose durante la búsqueda de Samuel. Así como el diablo mata, igualmente el contrabando que privó a Samuel de su familia; a éste, de disfrutar de sus nietos en su retiro; y, a los deudos, del voluntario del SAR.
Vanos resultaron los esfuerzos de los familiares de Samuel para dar con su paradero durante los últimos ocho años. Muchas puertas fueron tocadas, pero así como el abominable contrabando pervive en el país, así también el silencio cómplice. ¿Estará alguien dispuesto a corregir tanta impunidad? La desgracia ocurrida a la familia Encinas no es la única y tiene que ver con el abierto ejercicio del delito y la deliberada afrenta a la Ley.
Muchos otros efectivos del COA han sufrido y sufren agresiones, heridas y muerte en el ejercicio de su labor. Una labor mal recompensada desde el Estado, por cierto, no sólo por la escasa paga que otorga, sino porque la guerra entre la fuerza del bien (COA) y los delincuentes (contrabandistas) es -por decirlo de alguna forma- como mandar palomas a pelear contra buitres. De ello hablaré en otra Columna, con varias propuestas.
Entre tanto, que este artículo -aparte de causar indignación sobre el dolor que causa el cáncer del contrabando en el país- sirva para ayudar a develar el paradero de Samuel. Cualquier información se recibirá con absoluta reserva en los teléfonos 2152894, 2440624, 2440611, 71595084 y 73091564, en Bolivia; y, 56-58-254577 ó 562-6730893, en Chile. Si puede ayudar, hágalo…
* Gary A. Rodríguez A.
es economista y Gerente General del IBCE
